“España necesita una administración migratoria del siglo XXI”
Santiago Yerga, director general de Gestión Migratoria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España
Santiago Yerga es un experto en políticas migratorias con más de treinta años de trayectoria profesional en España. Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, ha combinado su labor como abogado con una destacada carrera en la administración pública y el ámbito social. Ha sido director general de Migraciones en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en dos períodos: de abril de 2020 a diciembre de 2023 y desde abril de 2025 hasta la actualidad. Ha impulsado reformas clave en la Ley de Extranjería, como la creación de nuevas figuras de arraigo, la mejora de la situación de menores extranjeros no acompañados y jóvenes extutelados, y la introducción de un modelo de inmigración circular. Además, ha trabajado en la Junta de Andalucía y en la oficina del Defensor del Pueblo, y ha colaborado con diversas organizaciones internacionales en materia migratoria. Su regreso al Ministerio en 2025 refuerza su papel como referente técnico y político en el diseño e implantación de políticas migratorias en España. Por ello, en el contexto actual de la entrada en vigor el 20 de mayo del nuevo Reglamento de Extranjería, su perspectiva resulta esencial para comprender los objetivos, desafíos y posibles impactos de la nueva reforma migratoria en curso.
¿Cuál ha sido tu papel en la última reforma de la ley de inmigración?
Intervine en la redacción inicial del reglamento de 2011. En esta última reforma no he intervenido pero me toca ponerlo en marcha. Y esto implica implementar todas las medidas que se contienen en el nuevo reglamento a partir del 20 de mayo.
¿Cuál ha sido el principal objetivo político y social que se ha buscado con esta última reforma?
Uno de los elementos principales ha sido la eliminación de la doble comprobación entre diferentes departamentos ministeriales. A la postre, se trata de trabajar para alcanzar los objetivos del Pacto Mundial sobre Migraciones: lograr una migración regular, ordenada y segura.
¿Qué aspectos considera que suponen un cambio de paradigma respecto a reformas anteriores?
La regulación de los visados, de los estudiantes, la introducción de nuevas figuras como los arraigos, y uno que no se me puede olvidar, que es la introducción de un régimen propio para familiares de ciudadanos españoles.
A la hora de poner en práctica estas medidas, ¿qué recursos se requieren? Supongo que a nivel administrativo se necesitarán refuerzos.
Sí, hoy el Ministerio de Política Territorial ha anunciado la incorporación por acción de más de 750 personas a las oficinas de extranjería.
¿Cómo se gestó el consenso técnico y político necesario para aprobar esta reforma en un contexto migratorio tan polarizado?
La aprobación de esta reforma corresponde exclusivamente al Gobierno y no requiere aprobación parlamentaria. Es decir, no pasa por las Cortes, ni por el Congreso ni por el Senado. En cuanto al consenso, se ha trabajado mediante reuniones dentro de la Mesa de Diálogo Social, donde participan organizaciones empresariales y sindicales. Este consenso se articula a través de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración, que integra a la Administración General del Estado, las organizaciones empresariales más representativas y los sindicatos con mayor peso.
Paralelamente, también se ha negociado con ONGs representativas en el ámbito migratorio, así como con empresas implicadas.
Y por último, porque así lo exige la Ley del Gobierno, hay dos trámites esenciales: uno al inicio y otro al final del proceso. El primero es el trámite de consulta pública; el segundo, el trámite de audiencia pública, en el que el texto articulado se pone a disposición de toda la ciudadanía para que se puedan realizar aportaciones.
¿Y cómo se eligen las organizaciones y empresas que participan en este proceso? ¿Por qué unas sí y otras no?
Participan las entidades más representativas. Son aquellas que, dentro de las mesas de diálogo social, cuentan con mayor número de votos por parte de sus respectivos públicos. En el caso de las organizaciones empresariales, por número de afiliados, y en el caso de los sindicatos, por el número de votos que reciben en procesos representativos a nivel nacional. En este contexto, las organizaciones empresariales son CEOE y CEPYME, y las sindicales son Comisiones Obreras (CCOO) y UGT.
Algunas personas consideran que esta última reforma se queda corta en lo relativo a una posible regularización masiva. ¿Tú qué opinas al respecto?
El reglamento incorpora una Disposición Transitoria, concretamente la número cinco, en la que se establece que aquellas personas que hayan recibido una resolución desestimatoria o denegatoria de su solicitud de protección internacional, y que acrediten al menos seis meses de permanencia en España antes de la entrada en vigor del reglamento, podrán obtener una autorización que les permita acceder a alguna de las vías de arraigo contempladas en el propio reglamento.
Ahora bien, todo esto forma parte del ámbito de la gestión administrativa de la política migratoria. ¿Por qué lo digo? Porque, en relación con tu pregunta, hay actualmente en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que lleva en trámite un par de años, aunque en estos momentos se encuentra algo estancada. En este caso, sí será necesario el consenso político dentro del marco legislativo. Y, por supuesto, se deberán establecer indicadores para evaluar la efectividad de las medidas implementadas.
¿Qué indicadores concretos se van a utilizar para medir la efectividad de estas medidas?
Se utilizan varios indicadores: el número de afiliaciones a la Seguridad Social por parte de las personas regularizadas, el número de contratos laborales que firmen, y el número de familiares que puedan reagrupar a través del procedimiento de reagrupación familiar.
En relación con el arraigo, ¿cómo se garantizará que la figura del “arraigo para la formación” no termine frustrándose por falta de acceso a cursos o recursos?
Precisamente ayer por la tarde se publicó información sobre el arraigo social, el arraigo para la formación y el arraigo laboral. Es normal que aún no se conozca mucho. Lo importante es que, de cara al futuro, se trabaje para que estas vías no solo existan en la normativa, sino que también tengan recursos reales que las hagan viables. Entonces, con esto se trata de que estas personas tengan una mejor cualificación profesional y que a su vez les pueda servir también de ascensor sociolaboral en el futuro.
¿Y crees que, en un futuro, sería posible facilitar que los inmigrantes tengan más herramientas desde su país de origen para acceder a este tipo de programas?
Yo creo que eso es una exigencia, ¿no? Facilitar vías de migración regular no debería verse como algo utópico.
¿Tú crees que es una utopía o que, con acuerdos internacionales, podría lograrse?
No, no creo que sea una utopía. Es cierto que es un trabajo colosal, pero no solo pienso que sea posible, sino que además creo que es un deber del Estado español. ¿Por qué? Porque es evidente que en España hace falta mano de obra en muchos sectores empresariales, y eso debe coordinarse con el legítimo deseo de las personas migrantes de trasladarse y buscar oportunidades en otro país.
¿Se ha previsto alguna coordinación con comunidades autónomas y entidades locales para aplicar estas medidas de forma efectiva?
En este caso, es decir, las comunidades autónomas, en lo que respecta a los menores, están llamadas a jugar un papel esencial. Por tanto, esa coordinación existe. En cuanto a chicos y chicas que podrían ser menores no acompañados y que ya se encuentran en el territorio de esas comunidades, normalmente no suele haber problemas en ese sentido. El verdadero problema está en el traslado desde Canarias, donde se concentra un número aproximado de 5.000 menores, mayoritariamente chicos —porque el número de chicas es muy reducido— que merecen ser redistribuidos por todo el territorio nacional.
Y, concretamente en el marco de la última reforma, ¿se ha elaborado algún plan de coordinación entre comunidades autónomas?
Sí. Corresponde a cada comunidad autónoma instar la autorización de residencia del menor. Recientemente se celebró una reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia, dependiente del Ministerio de Infancia y Juventud, en la que se abordó el traslado de menores desde Canarias a otras comunidades.
¿Y existe algún plan estratégico para que las comunidades adapten estas medidas a sus recursos, especialmente cuando se trata de menores extranjeros no acompañados?
Sí, esas reglas están claras desde hace tiempo. De hecho, la reforma que lideré en 2021 sobre menores extranjeros no acompañados ha permitido que muchos menores y jóvenes estén hoy en una situación de mayor protección
¿Cuáles crees que deberían ser los próximos pasos en la política migratoria española para favorecer que la situación siga mejorando?
Para mí, hay tres cuestiones básicas que deben marcar la agenda: el fortalecimiento del músculo consular español, que permita una gestión eficaz y coherente de los visados. Así, las personas podrían venir regularmente desde su país de origen y no tendrían que recurrir a vías como la protección internacional ni a embarcarse en cayucos o pateras. La segunda, una mejor fotografía del mercado de trabajo en España. Creo que todavía hay mucho margen de mejora. Como sabes, cada tres meses se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que recoge los puestos que no están siendo cubiertos por personas españolas o residentes legales en España. Sin embargo, si comparas el contenido del catálogo con las verdaderas necesidades de las empresas españolas, verás que no se corresponde. La tercera, España necesita una administración migratoria del siglo XXI. Actualmente, nos seguimos moviendo con esquemas más cercanos al siglo XX, incluso al XIX. No tiene sentido que el trámite para obtener una autorización de trabajo se pueda dilatar en el tiempo hasta, de media, un año. Esto desalienta a las empresas, que se retraen, y defrauda las expectativas del trabajador, que tiene que esperar demasiado tiempo para incorporarse a una actividad. Necesitamos procesos que estén a la altura del siglo actual.
«No tiene sentido que el trámite para obtener una autorización de trabajo se pueda dilatar en el tiempo hasta, de media, un año», Santiago Yerga
«Necesitamos procesos que estén a la altura del siglo actual», Santiago Yerga
¿Y qué implicaciones económicas tiene esta situación para el país?
Para mí, hay un ejemplo muy claro: el caso de las adquisiciones de nacionalidad española. Hasta hace cuatro años, el tiempo medio de resolución estaba en torno a tres o cuatro años para poder obtenerla. Sin embargo, desde que el Ministerio de Justicia puso en marcha un sistema con inteligencia artificial, un «robot», hace dos o tres años, las solicitudes se resuelven en tres o cuatro meses como mucho. Es decir, todo el proceso se ha agilizado enormemente.
Entonces, hay que avanzar en esa línea y dejar atrás esa lógica burocrática en la que parece que lo único importante es tener el «papelito sellado» por la oficina de extranjería. Eso es justo lo que comentábamos antes.
Y no solo es el caso del robot del Ministerio de Justicia. Para mí hay otro ejemplo muy claro: si tú conduces, y un radar fijo te capta, en cuarenta y ocho horas tienes la multa en casa. Entonces, ¿por qué no se pueden aplicar esos mismos métodos de gestión en otros ámbitos como el migratorio? O piensa en la Agencia Tributaria, que funciona con altísimos niveles de automatización y eficiencia. Lo mismo debería ocurrir aquí.
Entonces, si tú me preguntas cuál es el coste que todo esto supone para España, yo te respondería de otra manera: ¿cuáles serían los beneficios para el país si se implementaran estos sistemas modernos de gestión? Ahí es donde creo que está la clave, Laura. Porque el verdadero coste es no hacerlo, y perder la oportunidad de que más personas puedan incorporarse antes y mejor al mercado laboral.
Para concluir, ¿qué tendencias migratorias crees que se darán este año? ¿Se prevé un mayor control respecto al año anterior?
Esto depende mucho de las distintas situaciones que se dan en los países de origen. La tendencia seguirá siendo que la mayoría de los migrantes provenga de Latinoamérica. En cuanto a África, los flujos migratorios estarán determinados principalmente por los movimientos internos del continente.
Con esto quiero decir que países que están prácticamente al borde de la insostenibilidad administrativa, como es el caso de Mali, seguirán enviando migrantes hacia el exterior, ya sea de forma voluntaria o involuntaria.
Además, dependerá también de las capacidades administrativas de cada país. Por ejemplo, en el caso de Senegal, donde hay una importante necesidad de salir del país debido a sus condiciones, pero que cuenta con una administración bastante más fortalecida que la de Mali, se establecen acuerdos de migración circular que permiten gestionar estos flujos migratorios de manera más ordenada y con mayor criterio.
