Cantabria en la encrucijada de la seguridad
Cantabria, una comunidad tradicionalmente percibida como tranquila y segura, vive una transformación silenciosa en su panorama delictivo. Aunque los datos aún la ubican entre las regiones con menor criminalidad del país, las nuevas dinámicas sociales y tecnológicas están generando un incremento en ciertos tipos de delitos que inquietan tanto a autoridades como a ciudadanos.
Javier Estela, policía de la Jefatura Superior de Cantabria, explicó: “La región sigue siendo una de las más seguras del país, pero hemos notado cambios importantes en la forma en que se cometen ciertos delitos”. Según sus palabras, este cambio es especialmente evidente en tres áreas principales: los delitos patrimoniales, los delitos contra la libertad sexual y los ciberdelitos. Mientras los hurtos y robos con violencia continúan representando la mayor parte de las incidencias, el incremento en agresiones sexuales y en actividades delictivas en el ámbito digital supone un nuevo desafío para las fuerzas de seguridad.
Uno de los testimonios que ejemplifica este repunte en delitos patrimoniales es el de un trabajador que, junto con sus compañeros, fue víctima de un robo mientras realizaban labores de mantenimiento en una subestación eléctrica. “Estábamos haciendo trabajos de mantenimiento, como siempre dejamos nuestras cosas en una caseta de obra, y en un pequeño descuido entraron por la valla, pintaron las cámaras de seguridad y nos robaron nuestras carteras con la documentación”, relata José Gutierrez.
Aunque no hubo violencia, el robo dejó secuelas personales y laborales importantes. “Nos robaron toda la documentación que llevábamos dentro y parte del dinero. Para mí, fue un robo oportunista”, explica el afectado, quien valoró positivamente la respuesta de las fuerzas de seguridad: “El trato recibido por parte de las autoridades fue excelente”.
Estela puntualiza que, en el primer semestre de 2024, se registraron 25 casos de violaciones, comparados con 15 en el mismo periodo del año pasado. Además, se documentaron 83 delitos contra la libertad sexual, cifra que no solo refleja un potencial aumento en la incidencia de estos crímenes, sino también una mayor disposición de las víctimas para denunciar. Paralelamente, el ámbito digital se ha convertido en un escenario de creciente actividad delictiva. “Hemos registrado 4.740 ciberdelitos, lo que representa un incremento superior al 10%”, señala Estela, evidenciando que más del 25% de las infracciones se desarrollan en el entorno cibernético, sobre todo en forma de estafas.
Estas cifras se sitúan en un contexto donde la transformación de las tecnologías y la evolución de la sociedad demandan respuestas que vayan más allá de los métodos tradicionales de vigilancia y persecución.
Frente a esta transformación delictiva, la Policía Nacional de Cantabria ha diseñado y desplegado una estrategia basada en tres ejes fundamentales: prevención, especialización y coordinación. Estela destaca que “hemos incrementado la vigilancia en zonas que se consideran vulnerables, especialmente durante eventos masivos, donde la concentración de personas puede facilitar la comisión de delitos”.
En este sentido, campañas de sensibilización se han intensificado en escuelas, institutos y centros para mayores, dirigidas a educar a la ciudadanía en materias de prevención de delitos, como el acoso, la violencia de género y las estafas en internet. “La formación es clave para anticiparnos y actuar de forma oportuna ante cualquier indicio delictivo”, añade el policía, resaltando la importancia de capacitar a los agentes en áreas específicas como la violencia sexual, el resguardo de grupos vulnerables y el manejo de crisis que involucran a menores.
Para Estela, este fortalecimiento en la capacitación no es meramente técnico, sino también humano. “La capacitación nos permite responder con mayor sensibilidad y eficacia, aspectos fundamentales cuando se trata de delitos que afectan directamente a la integridad de las personas”, señaló, enfatizando la necesidad de actualizar continuamente los conocimientos y las herramientas tecnológicas para combatir nuevas modalidades delictivas.
Las operaciones policiales recientes también han puesto de manifiesto la efectividad de estas estrategias. Javier afirma que un ejemplo relevante es la operación KARR 1, desarrollada en marzo del presente año, en la cual se desmanteló una organización responsable de más de 30 asaltos en tan solo un mes. Durante la operación, las fuerzas lograron confiscar más de 40 armas y diversos vehículos, evidenciando la capacidad operativa y la coordinación interinstitucional en un entorno cada vez más complejo.
Mientras la Policía Nacional se ocupa de las investigaciones y las intervenciones directas, otras instituciones complementan estas acciones para garantizar una respuesta integral. Protección Civil de Cantabria, a través de su voluntaria Valentina Gurei, desempeña un papel crucial en la organización y el manejo de emergencias, aunque sus competencias directas en el ámbito de la seguridad pública sean limitadas a la asistencia y la coordinación.
Gurei explica que la función de Protección Civil se centra en respaldar las acciones de las fuerzas de seguridad, particularmente en situaciones de alta concurrencia y emergencias derivadas de episodios delictivos. “Nuestra labor no implica intervenir en la comisión de un delito, pero sí colaborar activamente en la gestión de incidentes durante eventos masivos, desde la administración de accesos hasta la ejecución de planes de evacuación y la provisión de primeros auxilios”, comenta la voluntaria.
En este contexto, se ha observado un incremento en las solicitudes de asistencia en zonas urbanas como Santander y Torrelavega. Gurei subraya que, muchas veces, los incidentes no se deben a delitos graves, sino a situaciones de alteración del orden público, como disputas entre vecinos o conflictos originados por el consumo excesivo de alcohol en espacios públicos. La intervención temprana de Protección Civil en estos casos permite contener la situación y evitar que se intensifique antes de la llegada de la Policía o la Guardia Civil.
El trabajo conjunto se ha potenciado aún más gracias a la integración de plataformas tecnológicas. “Hoy, gracias a la conexión digital entre el Centro de Emergencias 112 y los diversos cuerpos de seguridad, coordinamos las respuestas de manera más ágil y efectiva”, señala Gurei, haciendo hincapié en la importancia de estos sistemas para reducir los tiempos de respuesta y optimizar los recursos en cada intervención.
Uno de los elementos distintivos en la nueva estrategia de seguridad es la incorporación de tecnologías que facilitan una respuesta coordinada y en tiempo real. El reciente avance en la interconexión digital entre el Centro de Emergencias 112 y los cuerpos de seguridad ha permitido a los agentes actuar de forma rápida y precisa. “Esta plataforma no solo acorta los tiempos de respuesta, sino que también mejora la toma de decisiones en situaciones críticas”, afirma Valentina Gurei, ilustrando cómo la tecnología se ha convertido en un aliado esencial en la lucha contra la delincuencia.
Además, la aplicación de herramientas tecnológicas ha permitido una vigilancia más efectiva en zonas urbanas densamente pobladas, como ciertos distritos de Santander y Torrelavega, donde se observan mayores índices de incidentes. En contraste, las áreas rurales presentan desafíos distintos, como tiempos de respuesta más prolongados y limitaciones en la comunicación, lo que exige planes de emergencia adaptados a cada realidad local. “Trabajamos codo a codo con las autoridades locales para desarrollar protocolos específicos que respondan a las necesidades particulares de cada comunidad”, comenta Estela, resaltando la importancia de una respuesta territorialmente diferenciada que combine prevención, intervención y educación social.
Este enfoque tecnológico también ha permitido dar seguimiento a patrones delictivos de manera más eficiente, facilitando la recopilación y análisis de datos en tiempo real. La actualización constante de software y equipos, junto con la capacitación continua de los agentes, representa una apuesta decidida para anticipar y contrarrestar cualquier novedad delictiva.
Ciudadanía vigilante
Una constante en las declaraciones de Javier Estela y Valentina Gurei es la relevancia de la participación ciudadana en la seguridad. La colaboración entre la población y las fuerzas de seguridad es vista como la primera línea de defensa ante cualquier amenaza. “Muchas de nuestras investigaciones comienzan a partir de avisos y denuncias recibidas vía telefónica o a través de nuestras redes sociales oficiales. La información oportuna de la ciudadanía es vital para identificar patrones delictivos y actuar antes de que la situación se agrave”, explica Estela.
Asimismo, se han puesto en marcha programas y campañas dirigidos a fomentar la autoprotección y el trabajo comunitario. Iniciativas como el “Plan Mayor Seguridad” buscan empoderar a los ciudadanos, ofreciéndoles herramientas y recomendaciones sobre cómo actuar en situaciones de riesgo. “Informar a tiempo y estar alerta pueden marcar la diferencia en la prevención de incidentes, sobre todo entre los grupos más vulnerables, como los adultos mayores y los jóvenes”, recalca Estela, subrayando la necesidad de una cultura de denuncia y responsabilidad compartida.
Valentina Gurei, por su parte, resalta la importancia de la cohesión social como factor fundamental para fortalecer la seguridad. “La construcción de redes vecinales y la implicación activa en actividades comunitarias no solo ayudan a reforzar los vínculos entre los ciudadanos, sino que también facilitan la detección temprana de situaciones conflictivas”, indica Gurei. La experiencia de Protección Civil demuestra que, en muchas ocasiones, la mediación y la comunicación efectiva en el entorno comunitario pueden prevenir el escalamiento de incidentes.
Ambos profesionales coinciden en que el compromiso de la ciudadanía es un elemento insustituible en la lucha contra la delincuencia. Las denuncias y la colaboración a través de las redes sociales no solo agilizan la actuación de las autoridades, sino que también generan una sensación de seguridad y confianza en la comunidad. Este vínculo simbiótico entre la población y los cuerpos de seguridad crea un entorno en el que todos asumen un rol activo en la protección del espacio público.
